Durante muchos años se ha considerado a los procesos desamortizadores de Mendizábal y Madoz como un hito de extraordinaria importancia, clave para permitir el desarrollo económico en España. Sin embargo un análisis frío y desapasionado de los acontecimientos nos revela un proceso de expolio a gran escala, organizado con fines de poder y enriquecimiento ilícito, que ocasionó graves daños a la sociedad española y dañó de forma decisiva el derecho de propiedad privada de los bienes inmuebles (BI).

 

  El siguiente hito interventor, clave por sus repercusiones profundas y duraderas, fue el inmenso expolio que supusieron las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. La primera fue llevada a cabo bajo regencia de María Cristina por su jefe de gobierno José Álvarez Mendizábal ¹ (varios decretos de 1835 preparaban legalmente el camino, consumado por los decretos del 19 de febrero y 8 de marzo de 1836), afectando fundamentalmente a los BI amortizados (“manos muertas”) del clero católico regular y en menor medida secular y cuyo objeto declarado era paliar la deuda estatal y crear una clase media mediante la expropiación y posterior venta de tales bienes ² .

 

  En realidad esta iniciativa política tenía no dos, sino tres objetivos: primero saciar el ansia recaudatoria de una Hacienda Pública extremadamente necesitada de recursos, segundo debilitar la capacidad económica de una Iglesia Católica proclive al pretendiente carlista al trono y, por último, modificar la estructura de la propiedad para crear una clientela política adicta a los liberales. El proceso resultó en raquitismo recaudador y una mayor concentración parcelaria resultado del exceso de oferta y las corruptas adjudicaciones, ocasionando además un fuerte debilitamiento de la influencia eclesial (se desamortizó el 62% de lo que poseía el clero, perteneciendo las tres cuartas partes del 32% restante al clero secular), la destrucción de un abundante patrimonio cultural arquitectónico y artístico ³ y el empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos arrendatarios ⁴ .

 

  Más adelante, el 2 de septiembre de 1841, Espartero dictó la ley de desamortización de bienes regulares ⁵ , dando lugar a un proceso que se paralizaría en 1844 con la llegada de los moderados al poder y tras firmar en 1851 un Concordato con la Santa Sede que garantizaba compensaciones y seguridad jurídica. Ya en 1855 y de nuevo bajo gobierno de Espartero, se rompe el acuerdo anterior y se inicia la desamortización de Madoz ⁶ , de mayor alcance que la de Mendizábal puesto que afecta a los bienes del clero secular, de las órdenes militares, del Estado, comunes, etc. prohibiéndoles además ser propietarios de BI del mismo tipo que los expropiados, todo lo cual ahondó aún más en los perjuicios ⁷ que ya había ocasionado la desamortización de Mendizábal.

 

  En resumen, las desamortizaciones son un ejemplo paradigmático de ilegítima rapiña en nombre del bien común, algo tanto más paradójico por cuanto también se expolió a las fuentes de ingresos de muchos ciudadanos sin tener en cuenta para nada el desacuerdo expreso de sus representantes locales. Debido a la corrupción en las adjudicaciones el Estado no consiguió los ingresos esperados, que para más escarnio fueron destinados a saldar deuda pública (en manos de acaudalados nacionales afines al poder o de extranjeros) o a la construcción de obras públicas de moda (y en no pocas ocasiones ruinosas) como los ferrocarriles. Y el saldo de estas medidas no se quedan ahí puesto que muchos individuos acrecentaron su patrimonio mediante la fraudulenta compra de BI valiosísimos a precio de saldo, antiguos colonos de la Iglesia vieron aumentado el arriendo que exigían los nuevos propietarios y se produjo una incalculable destrucción de patrimonio cultural y artístico, así como el deterioro de la enseñanza y la aparición de hambrunas entre ciertos sectores de la población. Después de todo esto, considerar positivo (como se viene haciendo en líneas generales desde hace ciento cincuenta años) el proceso de desamortizaciones, es todo un ejercicio de miopía histórica.

 

Publicado en el Instituto Juan de Mariana el 28 de julio de 2009.

 

Lea la primera parte del artículo: EL OMINISIO EXPOLIO DE LA DESAMORTIZACIÓN (I)

 

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1. La alternativa “liberal” radical a la desamortización de Mendizábal hubiera sido la de Flórez Estrada, que planeaba paliar el endeudamiento de la Hacienda mediante el arrendamiento de las tierras a los campesinos.

2. Francisco Simón Segura, op.cit., p. 86.

3. http://www.rcumariacristina.com/esp/documentos.php?idApa=128 ; también Francisco Simón Segura, op. cit., p. 150.

4. Francisco Simón Segura, op. cit., p. 171.

5. “Debemos advertir que el partido conservador si llega, corriendo el tiempo, al poder, al paso que procurará hacer reconocer y legalizar por la corte de Roma las enajenaciones de los bienes de los regulares, jamás reconocerá ni sancionará el despojo del patrimonio de las catedrales, colegiatas y parroquias del reino; nunca mirará como un hecho consumado un acto de ira, de rencor y de venganza, como el que se va a cometer”. (Antequera, J. Mª,La desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones, Madrid, 1855, p. 211, citado por Francisco Tomás y Valiente,El marco político de la desamortización en España, Ed. Ariel, Barcelona, 1972, p. 99).

6. Es antológica la intervención de Claudio Moyano en la discusión sobre el proyecto desamortizador (recogida por Francisco Simón Segura, op.cit., pp. 170-171): “La propiedad del clero regular defendía la del clero secular, la del clero secular defendía la de los propios, ésta la de los comunes y ésta la de los particulares. Haced desaparecer estas barreras y poco a poco irán cayendo las diversas propiedades…; un paso más y desaparecerá la propiedad particular”. Si se quiere disponer de los bienes de los pueblos hay que consultarlos. Esto se hizo en el año 1852, y de 2000 respuestas recibidas, solamente 20 querían la venta, y de éstos, sólo seis tenían bienes de propios. Además, ¿es cambio quitar a los pueblos sus tierras, sus prados, sus pinares, sus bosques para darles en cambio un trozo de papel?, si tan bueno es lo que nos dais, dirán los pueblos, si afirmáis que es mejor, ¿por qué no os quedáis vosotros con ello y nos dejáis nuestros campos?”.

Respondió don Patricio de la Escosura, del partido progresista, alegando que era lícito desamortizar porque era lícito y obligatorio todo lo que exigía el interés general. Véase Francisco Simón Segura, op. cit., p. 172.

7. En Francisco Simón Segura, op. cit., p. 255, se detalla cómo la práctica totalidad del presupuesto de la enseñanza en los pueblos se financiaba con los ingresos procedentes de bienes de propios, con lo que la desamortización afectó severamente a la enseñanza en muchos pueblos al menos de Extremadura.