La Política Agraria Común prometía ser en sus comienzos un eficaz instrumento para impulsar la producción agraria privada. Cincuenta años después y como cualquier economista verdaderamente liberal podía prever, la PAC no ha alcanzado ninguno de sus objetivos fundacionales, pero su fracaso, lejos de precipitar su desmantelamiento, ha incentivado reformas y más reformas de su funcionamiento, transformándose cincuenta años después, en un pantagruélico órgano de planificación central al más puro estilo soviético.

 

En el Tratado de Roma se establece que la PAC debe:

 

- Incrementar la productividad.

- Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola.

- Estabilizar los mercados.

- Garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

 

  Respecto al primer punto, la aplicación de avances tecnológicos y de gestión han impulsado fuertemente la productividad de explotaciones agrícolas y ganaderas. Esto ha creado una sobreproducción que ha hecho caer los precios por debajo de los costes de producción. Estos avances se llevan dando desde el siglo XVIII sin intervención estatal alguna, luego es evidente que la PAC no era necesaria para conseguir el incremento de la productividad (de la eficiencia técnica). Sólo tiene sentido desde un punto de vista socialista, que considera que la intervención pública puede acelerar el ritmo de incremento de la producción de un bien.

 

  En un mercado libre con sobreoferta, los productores más ineficientes económicamente (no técnicamente) serían expulsados del mercado; aproximándose así las cantidades ofertadas a las demandadas. Pero la PAC ha impedido parcialmente este mecanismo con su política de subvenciones que perpetúan la sobreproducción y los bajos costes; y a su vez hacen parecer la PAC como necesaria. Por lo tanto no se estabilizan los mercados libres, sino que anulan su mecánica causal, su razón de ser que es la asignación de recursos.

 

  Dada la sobreproducción inducida, la PAC tiene que fijar cuotas entre los Estados miembros (aranceles internos), que los propios Estados se encargan de administrar. Bajo estas circunstancias, las industrias de productos derivados no pueden competir libremente. Por ejemplo, una empresa láctea española no podrá vender a toda Europa comprando leche sólo a ganaderos portugueses, si su demanda de leche es superior a la producción portuguesa permitida.

 

  No sólo eso, sino que la PAC beneficia directamente sólo al 5-10% de la población activa europea que se dedica al agro, mientras que se perjudica al otro 90% que:

 

1º. Se ve obligado a pagar, vía impuestos, 50.000 millones de euros anuales a los productores agrarios.

2º. Paga alimentos más caros que los que podrían elaborarse con productos de otros países.

3º. El campo no está siendo empleado para otros usos alternativos como caza, pesca, silvicultura, turismo, reservas naturales, etc.

 

  Realmente la PAC beneficia a los productores de bienes de equipo extracomunitarios y francoalemanes, a los productores de semillas y abonos químicos francoalemanes, a los agricultores y ganaderos franceses, etc. a costa del resto de la UE, que cree estar beneficiándose (como en el caso de España o Italia) de grandes sumas monetarias de las que el 70% se quedan en manos del 20% de los productores.

 

  Eso por no hablar de las consecuencias empobrecedoras del proteccionismo sobre los países del tercer mundo agrario, que acaban desplazándose hacia los países sureños de la UE.

 

  Una progresiva apertura comercial tendría los siguientes efectos positivos:

 

1º. Fuerte incremento de los márgenes de la industria transformadora.

2º. Descenso de precios de bienes derivados para el consumidor.

3º. Potencial ahorro de 50.000 millones de euros anuales en impuestos.

4º. Mejora de las condiciones del campo europeo, nuevas actividades económicas.

5º. Multiplicación de la creación de riqueza en países pobres, incremento de su consumo de bienes y servicios de todo tipo, estabilización de sus sociedades, reducción de las migraciones masivas.

 

  Y los siguientes efectos negativos:

 

1º. Reducción sustancial del número de agricultores y ganaderos que representan en torno al 5-10% de la población activa.

2º. Incremento de la dependencia alimentaria de países conflictivos, inestables o propensos a padecer catástrofes productivas. Quizás sea esta consideración estratégica la que más habría de preocupar a los europeos, aunque siempre se podría mantener un volumen mínimo de producción de seguridad. Sin embargo, no parece que consideraciones estratégicas hayan pesado a la hora de liberalizar el comercio de, por ejemplo, los productos textiles.