En mi anterior artículo señalé cómo actualmente el proceso de creación del Derecho se ha reducido a la aprobación y promulgación de leyes positivas por parte de los órganos que la propia legislación determina. Señalé también que en la política actual se considera una panacea la promulgación masiva de leyes como si éstas fueran medicinas que eliminan ipso-facto los males de la sociedad. Esta concepción pueril viene de la mano del positivismo inherente a una visión socialista del mundo. Esta visión tiene una serie de características, a saber:

 

1) Falta de comprensión de la complejidad de la sociedad. Se subestima la complejidad de los mecanismos dinámicos que crean la sociedad y a un tiempo son creados por ella. Se reduce la realidad a modelos simplistas por el mero hecho de resultar más cómodos y comprensibles, independientemente de su falsedad. Como consecuencia de este error se ocasiona la segunda característica.

2) Sobreestimación de la capacidad del planificador para modelar la sociedad a su antojo. Si la realidad se simplifica hasta creerla plenamente cognoscible, surge la tentación de creer en un ente capaz de acumular toda la información precisa para intervenir la sociedad.

3) Preferencia de lo colectivo sobre lo individual. Que a su vez conlleva la perversión del principio democrático al posibilitar la imposición de una mayoría a una minoría (y no digamos al individuo) en nombre de la democracia, facilitando la deformación, sustitución o simple derogación de principios básicos de convivencia pacífica (por ejemplo, socavando el derecho a la propiedad privada).

 

 

Como consecuencia ineludible de estas tres características, surge una cuarta:

 

4) Uso sistemático de la coacción como instrumento esencial de ordenación (e imposición) social, fomento de la violencia como medio prevalente de sojuzgamiento del individuo al colectivo.

 

 

  Con estos mimbres y la visión de la Legislación como bálsamo de Fierabrás para combatir los males, es inevitable que nuestras sociedades caigan en el vicio de lahiperregulación o sobrelegislación. Especialmente si existe una multiplicación y solapamiento de entidades con competencias normativas, situación en la que nos encontramos los españoles a día de hoy.

 

  Un ciudadano puede verse constreñido por reglamentos y directivas de la Unión Europea, que serán traspuestos por el Gobierno de la nación a la legislación patria. Por supuesto, dicho Gobierno aprueba leyes, reales decretos, decretos-leyes y reglamentos que pormenorizan las demás normas aprobadas. Ni que decir tiene que nuestras Comunidades Autónomas con su voracidad competencial (y recaudatoria) son furibundas creadoras de leyes autonómicas para presumir de eficacia (ya hemos mencionado que el político de hoy considera la producción de normas como la medida de su actividad política y compromiso con la sociedad). Los entes locales (diputaciones, ayuntamientos, cabildos, concejos, mancomunidades, comarcas, etc) no dejarán de aprobar sus ordenanzas y normas de diversa jerarquía. Hay que indicar que España, tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y quizá debido a una infantil pulsión de superar el aislacionismo de la dictadura cayendo en el extremo contrario, ha sido uno de los países (sino el que más) que se ha adherido a mayor número de Tratados Internacionales que tienen repercusión normativa en nuestra legislación, así como Tratados Bilaterales. Por supuesto, muchos sectores profesionales (que aunque no sean aquél en el que desempeñamos nuestro empleo, nos afectan en la vida diaria) se encuentran rígidamente reglamentados por multitud de entes a los que el Estado les reconoce la posibilidad de emitir normas de obligado cumplimiento (como son los colegios profesionales y los sindicatos) para sus afiliados o los pertenecientes a ese sector laboral.

 

  Toda esta jungla de normas de diverso origen, jerarquía y campo de aplicación, convierten el Derecho actual no sólo en inabarcable sino en un camino de obstáculos para el libre desempeño de la voluntad individual. Las consecuencias del ansia normativista pueden resumirse en:

 

1) Imposibilidad de conocer todo el Derecho aplicable a una sola materia. Lo que fomenta las posibilidades de uso fraudulento de la norma (abuso de Derecho y fraude de Ley).

2) Surgimiento de lobbys o grupos de presión que pretenden ocultar en la obscuridad de la norma la concesión de privilegios por parte del Gobierno (los ejemplos más evidentes serían los del grupo PRISA o el asalto a Endesa por parte del conglomerado “Gas Natural-La Caixa-Acciona” o los amigotes de “Inter-Money” del Ministro de Industria Miguel Sebastián).

3) Multiplicación del riesgo de antinomias, (contradicciones entre dos normas legales) con la indefectible consecuencia de debilitamiento del sistema legal.

4) Aumento exponencial de la inseguridad jurídica (lo que retrae la actividad del individuo al no poder prever los resultados de sus actos).

5) Incremento de la dependencia de la sociedad en la labor del planificador y renuncia por parte de los individuos a emprender (en lo que es un interminable círculo vicioso que ya señalamos en el artículo anterior). Esto conlleva un declive de la economía, el progreso y el bienestar.

6) Erosión de la capacidad de controlar la labor de los órganos legislativos. Al ser tantos y tan prolíficos, los mecanismos de supervisión se ven desbordados.

7) Incremento exponencial del gasto público. Cada ley debe llevar su memoria económica. Cada administración con capacidad normativa debe tener su cuerpo de expertos jurídicos (abogados del Estado, letrados de las CC. AA.), creación, mantenimiento y expansión de una rama judicial específica (la contencioso-administrativa), multiplicación de los pleitos en dicho orden judicial…

 

  Es por todas estas indeseables cuestiones por las que toma fuerza la recomendación de Jacques Anatole France de que “el árbol de las leyes ha de podarse continuamente”. Vemos que no estamos ante un mero problema solucionable con un cambio de partido gubernamental, sino ante un defecto endémico de la sociedad actual.

 

  Una octava consecuencia que prefiero tratar de manera individual por su especial gravedad es la que atañe al debilitamiento del concepto de Ley a nivel social. Cuanto más se use la Ley como el capricho de una casta de corruptos con ínfulas mesiánicas, más complicado será que esta sea percibida como algo a respetar. Se dice que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y así es. En diversas encuestas, los españoles han demostrado que la institución que menos aprecian es la Justicia (entendida {ésta como uno de los tres poderes del Estado, no como la virtud en sí). Y curiosamente, la Monarquía es una institución entre las más valoradas. Digo curiosamente, porque si todos creemos en la igualdad de los hombres, difícilmente puede preferirse la Monarquía a la Justicia, lo que indica que la primera habrá hecho cosas bien y la segunda habrá hecho muchas cosas mal.

 

  Es comprensible que ante jueces y fiscales que son sobre todo ultras de su partido político preferido, ante un Tribunal Constitucional que ejerce de comisario político de su amo y ante leyes caprichosas emitidas sólo buscando el propio beneficio del poderoso o de sus adláteres, los españoles vean la Justicia como una institución fracasada. La sobrelegislación ayuda mucho a ello. La falta de fe en la Ley fomenta su inobservancia pasiva o su incumplimiento activo. Cuando este divorcio entre la Ley y quienes deben observarla alcanza determinadas cotas insoportables, estamos hablando del fracaso de una sociedad. Bien dijo Montesquieu (el hombre más veces enterrado en la Historia) que “las leyes inútiles debilitan las necesarias”. Y éste es el gran riesgo de la hiperregulación, que por saturación puede colapsarse el edificio de las Leyes llevándose por delante los pilares realmente necesarios de la Sociedad.

 

  La masiva promulgación de leyes no es otra cosa que un efecto más del socialismo planificador en nuestra sociedad actual. El legislador prolífico no es más que un planificador que se cree capacitado para ordenar lo que no entiende ni apenas observa. Planifica con cada ley, logrando fracasos espeluznantes. Uno de los más severos e hirientes es la “Ley integral contra la violencia de género” que Zapatero utilizó como enganche electoralista y tras cuya aprobación han aumentado las mujeres asesinadas en el ámbito doméstico o por parejas o exparejas. Cuando el legislador planifica, resta iniciativa a la sociedad. Decía Hayek que cuanto más planifica el Estado menos lo hacen los individuos. Su aserto también se extiende a la contraposición de Ley y Legislación. La primera surge y acaba siendo reconocida, la segunda se inventa y acaba siendo – demasiadas veces - desconocida o sustituida ante su evidente fracaso. Un presocrático, Periandrio el corintio, dejó escrito que “en cuestión de leyes, prefiere las viejas”. No es una afirmación meramente conservadora. Se refería a la Ley como producto de la sociedad (que por tanto ha tenido que seguir un recorrido de años donde se ha probado y perfeccionado) como contraria a la Ley nueva, creada por una autoridad cegada y ebria de su propio poder.

 

  Si de nuevo volvemos a Hayek para recordar su frase de “el dinero es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos” y sabemos que tanto el dinero como la Ley son instituciones sociales evolutivas, habremos de aplicar la misma precaución ante los políticos y el dinero, a la relación entre los políticos y la Ley.

 

 

  Lea la 1ª parte del artículo en: LEY VS LEGISLACIÓN: LEY COMO PRODUCTO DE LA SOCIEDAD VS LEY COMO PRODUCTO DEL ESTADO