Uno de los síntomas evidentes de la vigencia del pensamiento único consiste en que la inmensa mayoría de la población ni se plantea que algo pueda ser de otra manera. Si inquirimos a los españoles sobre la posibilidad de que las Leyes no sean producto del proceso legislativo habilitado a tal efecto por la propia legislación vigente, casi todos nos responderán que la Ley sólo puede ser producto del Estado y creada de la manera que este mismo decida. Si solicitamos que se fundamente esa contestación, la mayoría sólo sabrán indicarnos que “así lo pone en la Constitución”.

 

  Es cierto que de un tiempo a esta parte el Estado ha monopolizado la creación de normas; esto es la demostración del vertiginoso estatismo en el que han caído las sociedades occidentales. Originalmente, la Ley era el resultado de un proceso evolutivo de los usos sociales donde se iban consolidando costumbres y prácticas de equidad aceptadas como beneficiosas. En la Roma de donde nos viene el armazón del Derecho Continental, la labor de los jueces era “conocer el Derecho”. Se entendía que la labor judicial era una investigación de los usos vigentes y su aplicación de una manera equitativa, que no necesariamente igualitaria (según Ulpiano, <<Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi>>). Se consideraba esta labor de indagación como previa a la determinación del Derecho en el foro judicial.

 

  Hoy día, por el contrario, el juez tiende a aplicar la norma como si fuera una plantilla o tarjeta perforada que tenga que encajar con la realidad, o peor aún, como si fuera la realidad la que tiene que amoldarse al marco legislativo dictado por el Estado. De resultas de ello, surgen terribles iniquidades en la aplicación de las leyes, siendo especialmente graves y alarmantes las acaecidas en el entorno penal; por ejemplo, la aplicación de la Ley del menor con un criterio simplista basado en la edad del delincuente, hace que menores que cometen crímenes con un dolo comparable al de cualquier adulto, sean extraordinariamente beneficiados en las penas impuestas (lo que fomenta la criminalidad de los menores). O también, que un terrorista asesino de 25 personas sólo pase en la cárcel 18 años o lo que es lo mismo, ocho meses y medio por cada asesinato. Ocho meses y medio por cada crimen. Recordemos que por un hurto (es decir, sin uso de violencia ni de intimidación, pues entonces se trataría de un delito de robo) de más de 400 euros, el reo puede ser condenado hasta a 18 meses de prisión:

 

“Artículo 234 del Código Penal español: El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros”.

 

  Una vez más, la Escuela Austríaca demuestra que va mucho más allá de sus sólidos argumentos económicos. La teoría de la creación evolutiva de las Instituciones goza de plena vigencia para explicar la creación del Derecho. Es a partir del triunfo del positivismo apoyado por la eminente figura de otro austríaco (Hans Kelsen) cuando el Estado empieza a erigirse como único ente creador del Derecho y reduce la labor judicial a la de funcionario que reconoce la norma a aplicar al caso.

 

  Las consecuencias más visibles las hemos visto más arriba. Pero son muchas más y algunas incluso más graves. Para empezar, se erosiona la capacidad de creación intersubjetiva del Derecho, que queda arrinconada en los contratos los cuales a su vez son diseñados por el Estado. De manera subsiguiente, las personas van abandonando la práctica de la autorregulación y vuelven la vista siempre al ente que se eleva sobre ellos. El socialismo (entendido como la planificación central que constriñe las decisiones individuales) se retroalimenta y la sociedad pierde el hábito de autoorganizarse. Crece el Estado y merma la Sociedad. El Estado fagocita a la Sociedad de la que surgió y se produce una cesión de derechos en cadena, una escalonada renuncia al ejercicio autónomo y recíprocamente limitado de la voluntad. Se impone el hábito de la dependencia del poder y del Estado. Las inevitables consecuencias son primero ideológicas (auge del socialismo: sustitución de la voluntaria confianza en los individuos por la coactiva confianza en el órgano planificador) y después, económicas (diversos grados de planificación de la Economía que concluyen en merma del desarrollo económico inherente a un mercado libre).

 

  El 27 de marzo de 2007, RTVE estrenó el programa “Tengo una pregunta para usted” con la presencia del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Si en un rapto de masoquismo repasáramos las respuestas del Presidente, veríamos que muchas de ellas empezaban con las frases “Hemos hecho una Ley”, “Estamos haciendo una Ley”, “Vamos a aprobar una Ley”. Todo para indicar las soluciones que el Gobierno había ofrecido o iba a ofrecer a los distintos problemas planteados por los ciudadanos asistentes al programa. Sin duda, la iniciativa legislativa del Gobierno es legal, legítima, muchas veces incluso deseable, y un potente instrumento de ejercicio del Poder Ejecutivo. Lo que critico en este artículo es la obsesión legisladora de la mayoría de nuestros políticos. Por una vez, Zapatero no es mucho peor que los demás, pues si leemos los programas electorales de todos los partidos, comprobamos que esa pulsión normativista es generalizada en nuestra “clase” política. Ninguno de sus miembros tendría la más mínima idea de cómo gobernar si no fuera mediante la iniciativa legislativa (lo que no quiere decir que usando esta demuestren tener alguna idea del buen gobierno). Y lo más curioso es que incluso en nuestras facultades de Derecho, al hablar de las potestades del Gobierno como Poder Ejecutivo, se prima casi como única posibilidad de desempeñar la labor de gobierno la aprobación de nuevas leyes o la reforma de las existentes (otro síntoma del pensamiento único: ser inoculado como dogma en las instituciones educativas). Como bien dijo Tolstói, “es más fácil hacer leyes que gobernar”.

 

  En un próximo artículo abundaré sobre el peligro inevitable que esta concepción que iguala la Ley a la Legislación estatal supone para nuestra Sociedad: la sobrelegislación.

 

 

Lea aquí la 2ª parte del artículo: LEY VS LEGISLACIÓN (II): LA HIPERREGULACIÓN